De la sensibilización a la gobernanza formativa: la capacitación judicial en inteligencia artificial en Argentina

1. Introducción

Han transcurrido menos de cuatro años desde la irrupción masiva de los sistemas de inteligencia artificial (IA) generativa¹. Se han ensayado diversas metáforas para dimensionar el crecimiento exponencial de los modelos de lenguaje de gran escala y de su impacto en todas sus dimensiones sociales y culturales. Tal vez no resulte impropio evocar la experiencia de la humanidad cuando descubrió la escritura y, con ella más tarde, el libro: el momento en que la palabra dejó de ser sólo voz y memoria para transformarse en signos, caracteres y permanencia.

Si la dimensión de la experiencia respecto de la irrupción del libro y la IA pudieran considerarse comparables –en tanto ambas podrían suponer una transformación sustancial en la forma de producir y conservar conocimiento–, no lo son los tiempos. Como recuerda Irene Vallejo (2019), la lectura y el uso cotidiano del libro requirieron siglos para consolidarse y desplazar la oralidad como práctica dominante. La inteligencia artificial, en cambio, ha recorrido ese trayecto en un abrir y cerrar de ojos histórico: la primera interfaz accesible de un modelo de lenguaje potente, el caso de ChatGPT, apareció en noviembre de 2022, y desde allí hasta ahora en apenas unos pocos años asistimos a la proliferación de modelos fundacionales, asistentes conversacionales y sistemas de IA generativa de alcance global y con los más variados usos y aplicaciones.

La capacitación judicial no ha permanecido ajena a la irrupción masiva de los sistemas de inteligencia artificial (IA). Esto se fundamenta en dos argumentos claves. En primer lugar, conforme los lineamientos y propósitos educativos que declaran en sus planes de estudio, las escuelas de capacitación que dependen de los poderes judiciales –o consejos de la magistratura, según el caso– constituyen espacios de especial relevancia al ocuparse, justamente, de la preparación de quienes interpretan y aplican el derecho en tanto poder del Estado. Estas tareas requieren ser trabajadas, problematizadas y discutidas en profundidad en ámbitos especialmente diseñados a tales efectos, pues exigen profesionales capaces de innovar, adaptarse y reflexionar críticamente sobre su propia práctica jurídica conforme los cambios se producen ya no solo en el derecho sino también en las demás dimensiones de lo social, lo institucional y lo tecnológico. Este desafío se amplifica frente a los dilemas éticos y argumentativos que implica el uso de la IA en la administración de justicia², particularmente en contextos como el argentino, donde persisten serios problemas de institucionalidad y de acceso y adjudicación de los derechos por parte de amplios sectores sociales, en especial los más vulnerables. En segundo lugar, los centros de capacitación judiciales son quienes otorgan en muchos casos, a través de su oferta o programas específicos, los créditos o certificaciones requeridos para participar en los concursos de ingreso y promoción dentro de los diferentes escalafones que integran el Poder Judicial o de los Ministerios Públicos.

Desde esta perspectiva, la pregunta que orienta este trabajo puede formularse del siguiente modo: ¿en qué medida las escuelas y centros de formación del sistema de justicia argentino han incorporado la IA como objeto de capacitación, y bajo qué modelos institucionales, curriculares y pedagógicos lo han hecho? Esta pregunta no apunta únicamente a identificar la existencia de cursos o actividades aisladas, sino a indagar si la formación en IA aparece integrada (o no) a una política institucional más amplia, vinculada no solo con la sensibilización sino también con reglas de uso orientadas a asegurar la incorporación de sistemas de IA con pleno resguardo de los derechos fundamentales, responsabilidad profesional, gestión de riesgos y gobernanza institucional.

La hipótesis exploratoria que guía el trabajo es que el grado de avance de una jurisdicción en materia de formación judicial en IA no puede medirse solo por la cantidad de cursos ofrecidos o por la existencia de actividades de alfabetización digital o sensibilización, sino por el nivel de articulación entre formación, infraestructura tecnológica, reglas de gobernanza, supervisión humana, protección de los derechos humanos y responsabilidad institucional. En otros términos, la capacitación judicial en IA no constituye un aspecto accesorio o posterior a la innovación tecnológica, sino una condición de posibilidad para su incorporación responsable en el sistema de justicia. Allí donde la formación aparece conectada con protocolos, guías, herramientas institucionales, criterios de autorización, mecanismos de auditoría o políticas de capacitación obligatoria, es posible advertir un mayor grado de institucionalización. Allí donde se limita a conferencias, jornadas introductorias o cursos aislados, la incorporación de IA permanece en una fase predominantemente instrumental, exploratoria o fragmentaria y los riesgos derivados de su uso se potencian, tanto en términos de garantía de derechos como de calidad de la función judicial y responsabilidad institucional. En particular, varios de los riesgos atribuidos a la IA –como la reproducción de sesgos, la opacidad decisional o la dependencia acrítica de resultados automatizados– no derivan únicamente de la herramienta en sí, sino de las condiciones institucionales de su implementación: ausencia de formación integral y continua, de evaluación ex ante, controles insuficientes sobre la calidad y representatividad de los datos, falta de monitoreo en uso, debilidad de los mecanismos de auditoría y escasa capacidad para detectar y corregir desvíos.

Esta hipótesis dialoga con una premisa central señalada por informes recientes sobre IA y justicia: la brecha principal no es meramente tecnológica, sino institucional. La evidencia comparada muestra que los avances más sostenibles no dependen ante todo de la disponibilidad de una herramienta, sino de la existencia –además de datos confiables– de reglas de gobernanza y capacidades organizacionales sólidas, efectivamente incorporadas a las prácticas institucionales.

En este sentido, una implementación deficiente puede convertir a la IA ya no solo en un mecanismo de estabilización y reproducción de desigualdades preexistentes, sino también en un factor capaz de comprometer la propia misión de la judicatura como institución epistémica especializada, encargada de producir, justificar y aplicar conocimiento jurídico orientado a la realización de justicia.

Este relevamiento, de carácter exploratorio, indaga el estado actual de la formación en inteligencia artificial dentro del sistema de justicia argentino, tomando como muestra, además de la jurisdicción federal, algunas de las jurisdicciones provinciales que han sido seleccionadas en virtud del grado de avance de la incorporación de la IA en su poder judicial y la existencia de iniciativas normativas o formativas relevantes en el marco del federalismo argentino. En particular, se analizaron los espacios de capacitación de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa y Fiscal de la Nación, así como de las escuelas o centros de capacitación judicial de las provincias de Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Chubut y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires³.

La fuente de información es de carácter documental y se compone del relevamiento y consulta en línea de las páginas oficiales de dichas instituciones, así como del acceso a resoluciones, acordadas, planes de estudio, programas de formación, comunicados y noticias institucionales, manuales, guías, protocolos vinculados con la temática, publicados desde 2019 hasta abril de 2026. Como fuentes secundarias, se consultaron investigaciones, informes y documentos de trabajo elaborados por universidades, organismos internacionales, centros de estudios y organizaciones especializadas en justicia, tecnología e innovación institucional. Este diagnóstico inicial no pretende ser exhaustivo, dado que es probable que existan iniciativas en curso, experiencias piloto o desarrollos internos que aún no cuentan con suficiente difusión pública, o cuyos resultados, documentación técnica y detalles operativos no se encuentran disponibles para consulta externa. Tampoco se relevó, en esta etapa, percepciones de participantes, entrevistas con equipos técnicos y autoridades o información producida mediante trabajo de campo.

Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

Conforme a la Ley 24.937 –y sus modificatorias– que reglamenta la organización del Consejo de la Magistratura, la Escuela Judicial tiene entre sus funciones contribuir a la eficaz prestación de los servicios de justicia y a la formación y perfeccionamiento de los funcionarios y los aspirantes a la magistratura (art. 7, inc. 8). Su finalidad, por tanto, es doble: formar a quienes aspiran a integrar la magistratura federal y capacitar o actualizar a quienes ya ejercen funciones judiciales.

Aunque para los aspirantes el paso por la Escuela no es vinculante, esta cuenta con una capacitación especialmente orientada a la formación de quienes aspiran a integrar la magistratura federal: el Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados/as (PROFAMAG). Este programa se estructura sobre la base de créditos horarios distribuidos en módulos, cada uno de los cuales agrupa diversos cursos en torno a un eje temático. En ese marco, el módulo "Tecnología de los procesos de la información" incluye tres cursos: "Tecnología de la información judicial", "Innovación y gestión judicial tecnológica" y "Era Digital, Nuevas Tecnologías y Comercio Electrónico".

La IA aparece, entonces, ubicada dentro del módulo tecnológico, pero no se lee integrada transversalmente en los restantes módulos estructurales del programa, tales como "Ética y responsabilidad judicial", "Lógica jurídica y decisión judicial" y "Comunicación escrita eficaz en el ámbito judicial". En estos últimos no se advierten referencias explícitas a la IA en la fundamentación, los objetivos, las competencias o la bibliografía. Si bien esta omisión no implica necesariamente que el tema no sea abordado en la práctica docente, desde la perspectiva de la teoría curricular –en particular, a partir de las categorías de currículum prescriptivo y currículum nulo⁴– dicha ausencia resulta significativa. En efecto, si se considera que la IA plantea desafíos transversales para la independencia judicial, la argumentación, la motivación de las decisiones, la gestión de datos, la comunicación judicial y la responsabilidad profesional, entre otros aspectos, su ubicación exclusiva o predominante en el campo de la tecnología podría resultar insuficiente para una formación judicial integral. Esto podría interpelar a la revisión de los diseños formativos en la medida en que el impacto transversal de la IA en los procesos judiciales se reconozca como objeto de estudio, investigación y reflexión institucional.

Por otro lado, la Escuela Judicial registra algunas instancias de capacitación específicas vinculadas con IA, como el curso interno de formación docente "La inteligencia artificial en la enseñanza" (2024), y su participación institucional en espacios internacionales, entre ellos la formación piloto de UNESCO sobre IA y Estado de Derecho para el sector justicia (2023). Sin embargo, por fuera de estas experiencias puntuales, la información disponible sobre otras actividades formativas es escasa y fragmentaria, limitada principalmente a publicaciones institucionales que no permiten indagar con mayor profundidad en el diseño, los contenidos, la evaluación o el alcance de las propuestas.

También pueden advertirse iniciativas en fase de prueba o desarrollo –como el proyecto de un asistente conversacional de jurisprudencia– y espacios de formación práctica sobre el uso de herramientas de IA en el trabajo judicial durante el 2025. No obstante, estas iniciativas aún no parecen haber tenido un correlato sistemático en la oferta formal de formación de la Escuela Judicial. En particular, algunas actividades específicas en temas tales sobre uso del ChatGPT, buenas prácticas e IA aplicada al trabajo cotidiano del Poder Judicial, entre otras, han sido impulsadas por el Departamento de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, lo que muestra una línea institucional de sensibilización y alfabetización práctica, aunque diferenciada de la oferta académica formal de la Escuela Judicial.

En suma, el caso de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación puede caracterizarse como una experiencia de integración introductoria y parcial de la IA en la formación judicial. Existen antecedentes relevantes de sensibilización, formación docente y capacitación práctica en el ámbito del Consejo, pero todavía no se advierte una incorporación curricular transversal y sistemática de la IA en los núcleos formativos vinculados con aspectos sustanciales y de gobernanza como la ética judicial, razonamiento jurídico, argumentación, comunicación, responsabilidad profesional y calidad de la función jurisdiccional.

Ministerio Público Fiscal de la Nación

En el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación se advierte una evolución desde actividades formativas puntuales hacia un encuadre institucional más sistemático de la capacitación en IA, aunque todavía de carácter incipiente. Entre los antecedentes previos pueden mencionarse actividades como "Inteligencia Artificial y Derecho: una mirada al futuro inmediato" (2019), "Tecnología y proceso penal: del expediente digital a la inteligencia artificial" (2023) y "El impacto de la Inteligencia Artificial en el proceso penal" (2024). Estas experiencias, de carácter principalmente introductorio, abordaron las implicancias generales de la incorporación de la IA en la investigación penal o en los procesos internos del MPF. Consideradas en conjunto, estas acciones se concentran en la sensibilización y no permiten advertir todavía un trayecto sistemático orientado al desarrollo de competencias prácticas, éticas e institucionales para el uso responsable de herramientas de IA por parte de sus integrantes.

Un punto de inflexión normativo se produjo en mayo de 2025, cuando el Procurador General de la Nación aprobó la Resolución PGN N.º 14/25, que reconoce la importancia del empleo de la inteligencia artificial en el MPF para facilitar la labor de sus agentes, fortalecer sus competencias profesionales y optimizar procesos institucionales, tanto en el plano administrativo como en el de la investigación penal. La resolución dispuso la elaboración de una estrategia institucional que se materializó en la creación del "Programa de Inteligencia Artificial del Ministerio Público Fiscal de la Nación".

Entre las funciones asignadas a este programa se destacan la elaboración de protocolos y guías de buenas prácticas para orientar la aplicación de la IA en el ámbito institucional, así como el impulso de instancias de capacitación y sensibilización dirigidas a sus agentes. Durante 2025, el programa implementó además una encuesta diagnóstica destinada a relevar el nivel de conocimiento y uso de la IA por parte del personal del MPF, junto con sus intereses, expectativas, necesidades y riesgos percibidos en torno a su utilización profesional. Este aspecto resulta relevante porque muestra una preocupación inicial por conocer las condiciones organizacionales de recepción de estas tecnologías antes de avanzar hacia eventuales lineamientos o acciones formativas más amplias.

En este marco se inscribe la capacitación sobre "La implementación responsable de la IA en el MPF" (2026), que abordó conceptos básicos de inteligencia artificial, oportunidades, limitaciones y riesgos, utilidad para la investigación penal, aplicaciones en casos concretos, principios y guías para el uso responsable conforme a derechos fundamentales, preparación organizativa y herramientas de evaluación de riesgos elaboradas por UNICRI e INTERPOL. La propuesta evidencia –al menos en el plano formal- un pasaje desde la mera sensibilización hacia una formación más situada, vinculada con las funciones propias del MPF en materia de persecución penal, investigación criminal y gestión institucional.

Con todo, el caso del MPF debe ser caracterizado con cautela. Más allá de la creación del programa citado, la información disponible no permite afirmar todavía la existencia de protocolos o guías en la materia ni una política formativa consolidada, obligatoria o sistemática. En ese sentido, el MPF puede ser caracterizado como un caso de gobernanza institucional en construcción con eje formativo, pero todavía en una etapa preliminar. Su principal aporte reside, por el momento, en haber comenzado a vincular normativamente la formación en IA con condiciones institucionales de implementación tales como el diagnóstico organizacional, la gestión de riesgos en materia de derechos humanos, la responsabilidad profesional y la cooperación internacional –en particular con UNESCO, con quien ha firmado un convenio marco sobre el tema–. Permanece en este sentido pendiente el desafío de traducir ese marco programático en una arquitectura curricular operativa y concreta.

Ministerio Público de la Defensa de la Nación

En el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la formación en IA presenta algunos antecedentes, aunque todavía dispersos. La Escuela de la Defensa Pública, dependiente de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia, constituye el espacio institucional encargado de diseñar y gestionar cursos de formación, actualización y perfeccionamiento para los integrantes del organismo. De acuerdo con la información disponible en fuentes institucionales –el acceso a los cursos brindados a través de su plataforma virtual no es de consulta pública–, se registran en el 2025 algunas actividades vinculadas con IA, entre ellas la conferencia "El impacto del ChatGPT en la abogacía" y el webinar "Justicia abierta: un enfoque desde los datos y la transparencia", organizado por la Escuela de la Defensa junto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Estas iniciativas resultan de interés en tanto dan cuenta de la discusión sobre IA, datos, transparencia y transformación tecnológica al ámbito de la defensa pública. Sin embargo, la información disponible no permite advertir todavía la existencia de una política curricular integral y sostenida de formación en IA dentro del MPD. Las actividades relevadas parecen concentrarse en instancias de sensibilización, actualización profesional o un abordaje temático específico –uso de agentes de IAgen, datos abiertos, transparencia, vigilancia electrónica o IA aplicada a la función institucional– antes que en un trayecto sistemático orientado a desarrollar competencias institucionales para el uso crítico, ético y responsable de estas herramientas.

A diferencia de otros casos relevados, no se advierte aún la existencia de protocolos, guías, capacitaciones obligatorias o mecanismos de gobernanza específicos que integren la formación en IA con la gestión de riesgos, la protección de datos, la supervisión humana y las particularidades funcionales de la defensa pública.

Poder Judicial de la Provincia de Jujuy

En el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy se advierte una experiencia institucional significativa en materia de inteligencia artificial y formación judicial. El punto de partida fue la Acordada N.º 154/2024 de la Suprema Corte de Justicia provincial, que creó el Laboratorio de Innovación Judicial (INLAB) y le asignó, entre sus funciones, la elaboración de un "Protocolo de Uso de Inteligencia Artificial" para quienes se desempeñan en el ámbito judicial. Este diseño institucional fue luego complementado con la aprobación del protocolo respectivo, que prevé condiciones de autorización para el uso de estas herramientas y formaliza ciertos deberes vinculados con su utilización responsable⁵.

En paralelo, la Escuela de Capacitación Judicial "Dr. Guillermo Snopek" comenzó a desarrollar actividades formativas propias, entre ellas la capacitación "Justicia Inteligente-LegalTech: tu primer match con la IA" (2025). Las iniciativas se orientaron a brindar herramientas conceptuales y prácticas para comprender y aplicar la IA en el ámbito judicial, con el objetivo declarado de promover su uso responsable, ético y eficaz. En este sentido, la formación aparece vinculada ya no solo con la alfabetización tecnológica inicial, sino también con la necesidad de acompañar institucionalmente la implementación de reglas y prácticas de uso.

Como fuera ya mencionado, desde una perspectiva institucional, el caso jujeño resulta de interés porque articula una secuencia ordenada compuesta por: capacitación, el protocolo y el formulario de autorización –a modo de declaración sobre uso ético de IA–, y un laboratorio de innovación que hace parte de la estrategia de modernización judicial. Esta articulación permite que la capacitación no aparezca como una oferta aislada, sino como parte de una lógica de gestión del cambio que combina formación, regulación interna y desarrollo institucional como condiciones de posibilidad para el uso responsable de herramientas de IA en el Poder Judicial provincial.

Con todo, se trata todavía de una experiencia en proceso de consolidación. Si bien Jujuy muestra avances relevantes en términos normativos e institucionales, no se advierte aún un trayecto curricular público plenamente sistematizado, con módulos diferenciados, evaluación, certificación y seguimiento de competencias. Por ello, puede caracterizarse como un caso de formación con un grado de institucionalización mayor que las experiencias meramente introductorias, aunque todavía en etapa de desarrollo.

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

En el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se advierte una de las experiencias más desarrolladas del país en materia de inteligencia artificial y formación judicial. El Consejo de la Magistratura de la CABA aprobó tempranamente, mediante Resolución CM N.º 108/2021, el "Programa de Inteligencia Artificial para la Modernización e Innovación del Poder Judicial", orientado a articular líneas de trabajo vinculadas con automatización de procesos, procesamiento de lenguaje natural, asistentes conversacionales, análisis de datos y otras herramientas destinadas a mejorar la gestión judicial.

En este sentido, el Centro de Formación Judicial incorporó progresivamente contenidos sobre IA en su oferta académica. Entre las actividades relevadas se encuentran "Inteligencia artificial y Justicia" (2023, 2024), "¿Cómo gestionar la transformación digital del Poder Judicial?" (2025), "Introducción al ChatGPT: aplicaciones prácticas en el ámbito laboral" (2025), junto con otros cursos orientados al trabajo con IA generativa y técnicas de prompt engineering aplicadas a tareas judiciales. Estas actividades muestran una primera etapa de incorporación progresiva de la IA en la capacitación judicial, inicialmente vinculada con la sensibilización y el uso práctico de herramientas.

El punto de mayor institucionalización se observa con la aprobación de la capacitación "Buenas Prácticas para el Uso de Inteligencia Artificial (IA) e Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) en el Poder Judicial de la CABA", mediante Resolución Presidencia N.º 392/2026. Dicha capacitación fue elaborada por el Comité de Estandarización en Inteligencia Artificial que en diciembre 2025 presentó el "Manual de Buenas Prácticas para el Uso de IA e IAGen" en dicho ámbito judicial⁶. La formación aspira a tener carácter obligatorio para todos los integrantes del Poder Judicial de la CABA y aborda conceptos básicos de IA e IAGen, control humano significativo, transparencia, explicabilidad, protección de datos, prevención de sesgos, responsabilidad institucional, límites del uso de IA en funciones jurisdiccionales, buenas prácticas de prompting, trazabilidad y verificación crítica de resultados.

A diferencia de otros casos relevados, la experiencia porteña muestra una articulación más clara entre innovación tecnológica, regulación interna y formación judicial. La capacitación no aparece solo como instancia de sensibilización, sino como parte de una política institucional de gobernanza del uso de IA e IAGen. La Ciudad de Buenos Aires puede caracterizarse como el caso más claro de capacitación integrada a gobernanza institucional de IA. Su rasgo distintivo no es solo la cantidad de actividades ofrecidas, sino la articulación entre un programa de IA que incluye manual de buenas prácticas, comité especializado, herramientas institucionales y formación obligatoria.

Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires coexisten dos grandes espacios institucionales de formación judicial. Por un lado, la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, organismo que, además de tener a su cargo la selección de postulantes para la magistratura y el Ministerio Público, dirige la Escuela Judicial. Esta desarrolla un plan de estudios de doce cursos distribuidos en dos etapas: un primer año de formación general y un segundo año de formación especial, estructurado en dos áreas –Derecho Público y Derecho Privado–.

Del análisis de los programas disponibles en línea del plan de estudios vigente, aprobado por la Resolución N.º 2569/18, la IA no aparece integrada de modo sistemático y explícito en el diseño curricular prescripto de la formación inicial para aspirantes a la magistratura. Al igual que en el caso de PROFAMAG, esta ausencia resulta significativa en módulos básicos como "Lenguaje Jurídico y Comunicación", "Argumentación y lógica de las decisiones", "Enfoque y herramientas para la mejora de gestión judicial" y "Redacción de Sentencias", en los que la IA podría incorporarse no solo como contenido tecnológico, sino como problema vinculado con argumentación, toma de decisiones, comunicación judicial, gestión de datos, responsabilidad profesional y calidad del servicio de justicia⁷.

Por otro lado, funciona el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ), dependiente directamente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA). En su presentación institucional, el IEJ se define como un organismo dedicado a la formación y capacitación continua de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, con el propósito de optimizar de manera permanente el funcionamiento del servicio de justicia. El Instituto cuenta con una amplia variedad de programas de capacitación en cuyo marco se han brindado diversas actividades en materia de IA, entre las que pueden señalarse la jornada "Optimizando la gestión con Augusta" (2021), el curso "Avance tecnológico y su impacto en el Derecho" (2022) y la capacitación "Herramientas de inteligencia artificial para la administración de justicia" (2025). Esta última reviste particular interés, en tanto incluyó fundamentos de IA, interacción con chatbots, exploración de casos de uso en la administración de justicia, implicancias éticas, directrices de UNESCO para el uso de IA por la judicatura y una reflexión sobre posibles lineamientos para el Poder Judicial bonaerense⁸.

No obstante, la oferta relevada en el ámbito del IEJ parece ubicarse todavía en una etapa de formación introductoria avanzada antes que en un trayecto curricular integral u obligatorio. Si bien algunas actividades permiten advertir un abordaje ético-jurídico más robusto que la mera sensibilización instrumental, no surge aún una política formativa sistemática o reglas institucionales de uso de IA en la administración de justicia.

Por último, la SCBA ha avanzado en procesos de digitalización y automatización, especialmente a través del sistema Augusta y de la Resolución SCBA N.º 870/2024, que dispuso la automatización de la etapa que denomina "primer despacho" en procesos de apremios provinciales y municipales. Si bien esta resolución no constituye, en sentido estricto, una política general de inteligencia artificial, sí se inscribe en una trayectoria que puede sentar las bases para futuras aplicaciones sustentadas en IA, en particular si se considera que la infraestructura de datos constituye una condición necesaria para un uso responsable, trazable y sostenido de estas tecnologías en el sistema judicial.

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

En abril de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe aprobó la "Guía de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial generativa"⁹, en la que se establecen lineamientos para la utilización responsable de estas herramientas en el ámbito judicial. La guía prevé una implementación progresiva, sujeta a la autorización de uso por parte de cada juzgado o dependencia –mediante un formulario de solicitud y otras condiciones–, y contempla la realización de instancias de capacitación a cargo de la Dirección General de Sistemas. De este modo, la formación aparece vinculada no solo con la adquisición de conocimientos generales sobre IA, sino también –al igual que en el caso jujeño– con la habilitación de condiciones institucionales para un uso responsable, controlado y gradual de estas herramientas.

En el mismo período, el Centro de Capacitación Judicial de la Provincia de Santa Fe desarrolló y difundió diversas actividades formativas vinculadas con la inteligencia artificial generativa, tanto de producción propia como en articulación con otros organismos provinciales. Entre ellas pueden mencionarse el "Curso de IA" (2024), organizado por la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia; "Introducción a la inteligencia artificial en el sector de justicia" (2025), orientado a presentar nociones conceptuales, funcionamiento de la IA generativa, ventajas, riesgos y desafíos para el sistema judicial; y el encuentro "Innovación Judicial: tecnología y transparencia para una justicia más cercana a las personas" (2025), impulsado desde el ámbito provincial.

El caso santafesino puede caracterizarse como una experiencia de formación asociada a una guía de buenas prácticas. La capacitación aparece conectada con reglas de uso, autorización institucional y prevención de riesgos. No obstante, la información pública disponible no permite advertir todavía un trayecto curricular integral y sistemático de formación judicial en IA.

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

En el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba se registran diversas iniciativas y actividades vinculadas con la IA (no generativa), tanto en relación con la automatización de procesos y la optimización de tareas rutinarias –especialmente de índole administrativa y procesos ejecutivos– como con la sistematización y búsqueda de jurisprudencia provincial. En ese marco, se han desarrollado capacitaciones y jornadas interdisciplinarias orientadas a discutir usos, implicancias éticas y desafíos de la IA aplicada al sistema de justicia.

Entre las actividades relevadas pueden mencionarse "Inteligencia Artificial y Bioinformática al servicio de la Justicia" (2021); "Forensia Informática e Inteligencia Artificial" (2021); "Sesgos de género en los motores de IA" (2021); "ODR y otros métodos de resolución de conflictos frente a la Inteligencia Artificial" (2022); y el "Seminario Internacional sobre Prisión provisional e Inteligencia Artificial" (2022), en el que se abordó el uso de sistemas algorítmicos para apoyar decisiones cautelares en materia penal, en particular los debates sobre evaluación de riesgo, fiabilidad, sesgos y garantías procesales.

El caso cordobés muestra una incorporación y una experiencia de sensibilización temática temprana de la IA como objeto de reflexión –incluso interdisciplinaria– en temas judiciales específicos. Sin embargo, la información disponible no permite advertir todavía la existencia de una política formativa sistemática, una guía institucional de uso o un trayecto curricular orientado al desarrollo de competencias prácticas para el uso responsable de IA.

Poder Judicial de la Provincia de San Juan

En el Poder Judicial de la Provincia de San Juan se advierte una experiencia relevante de regulación, capacitación e implementación institucional de inteligencia artificial generativa. Mediante Acuerdo General N.º 102/2024, la Corte de Justicia de la provincia aprobó el "Protocolo de Uso Aceptable de la IA Generativa (IAGen)"¹⁰, obligatorio para todos los agentes del Poder Judicial que utilicen este tipo de herramientas de IA en actividades vinculadas con su función. El protocolo establece reglas orientadas a preservar la confidencialidad, privacidad e integridad de la información, prevenir sesgos, asegurar transparencia, proteger datos sensibles y garantizar que la IA funcione como herramienta complementaria de la labor jurisdiccional y administrativa. Prevé, además, que los usuarios completen una capacitación antes de la habilitación y uso efectivo de estas herramientas.

En este marco es también interesante señalar el Acuerdo de Superintendencia N.º 88/2025 de la misma Corte que dispuso la implementación de la plataforma institucional "JusticIA", que posee funcionalidades de anonimización de datos sensibles, transcripción de audios y videos, asistencia para resumen y análisis documental, traducción a lenguaje claro y fácil, redacción jurídica y orientación normativa. En paralelo, la Corte de Justicia lanzó en 2025 el Laboratorio de Innovación Judicial, concebido como un espacio de reflexión y desarrollo de propuestas para mejorar el servicio de justicia. Si bien de la información pública disponible no es posible advertir todavía un trayecto curricular específico y consolidado, la Escuela Judicial ha planificado actividades tales como "IA en la Justicia: Humanidad y gestión de un nuevo paradigma" y la provincia fue sede del "Bootcamp de actualización ´Justicia 4.0 y ciberseguridad´", ambas durante el 2026.

En conjunto, en el caso sanjuanino -al igual que en los casos de Jujuy y Santa Fe ya señalados– la formación en IA aparece como requisito para el uso autorizado y responsable de herramientas institucionales, lo que permite caracterizar a la provincia como una jurisdicción que también avanza en la construcción de capacidades internas para la adopción controlada de inteligencia artificial generativa.

Poder Judicial de la Provincia de Mendoza

El Poder Judicial de Mendoza creó el Laboratorio de Innovación Judicial (2023), con el propósito declarado de promover la modernización institucional y el desarrollo de proyectos orientados a la mejora del servicio de justicia. Entre sus funciones se incluyeron la experimentación tecnológica, la colaboración interdisciplinaria y la capacitación del personal judicial, con especial atención a las herramientas digitales basadas en IA.

Dentro de sus actividades recientes se destaca el "Taller práctico sobre inteligencia artificial y justicia" (2025), en el cual se ofreció formación sobre el uso de diversas herramientas de IA generativa disponibles comercialmente. El taller abordó su aplicación en tareas de redacción, extracción de información y generación de ideas, junto con una reflexión crítica acerca de los desafíos éticos, técnicos y legales que plantea la incorporación de estas tecnologías en la labor cotidiana de los operadores judiciales.

Asimismo, el Laboratorio ha desarrollado tres experiencias concretas de aplicación de IA en la gestión judicial: el procesamiento automatizado de audiencias; la automatización de tareas administrativas –especialmente en el fuero tributario–, y el procesamiento digital de expedientes, iniciado en el ámbito civil con los procesos sucesorios y proyectado para su extensión gradual a otros fueros. Estas iniciativas reflejan la adopción progresiva y práctica de tecnologías de IA en la administración de justicia provincial, si bien no se da cuenta suficientemente de cuál es la estrategia institucional de aprendizaje.

Poder Judicial de la Provincia de Chubut

En el Poder Judicial de Chubut también se advierte un proceso reciente de regulación de la IA generativa. En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia aprobó, mediante Acuerdo Plenario N.º 5435/2025¹¹, las "Directivas para el Uso Ético y Responsable de Inteligencia Artificial Generativa en el Poder Judicial de Chubut". Dichas directivas buscan establecer un marco para la adopción segura, controlada y responsable de herramientas de IAGen, con especial énfasis en el control humano, la protección de datos personales y confidenciales, la prevención de sesgos y alucinaciones, la no delegación de decisiones jurisdiccionales y la responsabilidad funcional de quienes se desempeñan en el Poder Judicial.

Desde la perspectiva de la formación judicial, el Acuerdo también encomienda a la Escuela de Capacitación Judicial el diseño e implementación de programas de formación sobre el uso de IAGen. La capacitación aparece como una condición institucional necesaria para que el uso de estas herramientas pueda desarrollarse conforme a estándares de ética, transparencia, imparcialidad y protección de derechos fundamentales. En este sentido, Chubut muestra una articulación explícita entre regulación interna y formación judicial, aunque todavía en una fase inicial de implementación y en proceso de consolidar una arquitectura curricular sistemática. Del sitio web de su Escuela Judicial se registra una charla-taller sobre IA con especial enfoque en técnicas de prompting legal y la mitigación de riesgos asociados a su uso (2025).

La experiencia chubutense resulta de interés puesto que recientemente el Superior Tribunal debió pronunciarse sobre un fallo en el que su sentencia contenía una frase residual indicativa del uso de una herramienta de IA. Aunque el Tribunal revocó la nulidad declarada por la Cámara, el caso puso en evidencia la importancia práctica de contar con capacitación efectiva sobre transparencia, trazabilidad, verificación crítica, anonimización de datos y preservación del control humano¹².

2. Conclusiones

Las acciones y actividades descriptas evidencian una apertura creciente hacia la formación y la reflexión crítica sobre los alcances y límites del uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial. La incorporación responsable de IA requiere de una infraestructura pedagógica e institucional capaz de formar, orientar, supervisar y evaluar su uso. En este sentido, tres diagnósticos resultan especialmente relevantes para pensar el futuro de la formación judicial en IA: la heterogeneidad institucional entre jurisdicciones, el predominio de capacitaciones introductorias o instrumentales, y la necesidad de pasar de la sensibilización inicial a una gobernanza formativa sostenida.

En relación con el primer diagnóstico, se advierte que ha existido un fuerte impulso desde los niveles superiores de gobierno, de administración y técnicos jurisdiccionales por comenzar a ofrecer guías, recomendaciones o manuales de uso de la IA en el marco de sus poderes judiciales. Esto no se replica de igual modo en el ámbito federal. A poco de empezar con el relevamiento, se aprecia con claridad un ejercicio intenso de las autonomías provinciales para crear una diversidad regulatoria y técnica en la materia, sin perjuicio de existir puntos transversales comunes, tales como la preocupación por la protección de los derechos fundamentales, la exigencia de supervisión humana, garantías de privacidad y gobernanza de los sistemas de IA en el Poder Judicial, entre otros aspectos medulares. Frente a esta diversidad, se insiste en la necesidad de crear y promover un espacio de diálogo federal –que a modo similar a la dinámica de los "consejos federales" actualmente existentes– habilite un diálogo para alcanzar un marco regulatorio con estándares compartidos. Así también, se pueda contribuir a una función ordenadora y de homogenización de criterios mínimos, se reduzcan asimetrías entre las jurisdicciones, y se evite que la introducción de estas tecnologías genere una mayor fragmentación institucional o se profundicen desigualdades ya existentes. Un marco más completo y coherente de la información judicial en esta materia sobre el uso de la IA en la Justicia facilitaría además una planificación –en términos de objetivos, contenidos, evaluación, entre otros componentes– más uniforme y pertinente, susceptible de poder ser compartida en una agenda de capacitación válida -y replicable en términos de costos y logística– para todo el país.

Este estudio exploratorio pone de manifiesto, además, las dificultades existentes para acceder a información detallada y sistemática sobre los avances, usos y aplicaciones de la IA en las distintas jurisdicciones –tanto en el nivel federal como provincial–, así como de sus propuestas de capacitación. En los hechos, una parte significativa del relevamiento debió reconstruirse a partir de noticias institucionales, boletines informativos, programas aislados, resoluciones o documentos dispersos, sin perjuicio del aporte que representa el "Portal de la Justicia Argentina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación¹³. Esta situación evidencia un déficit de información pública consolidada que dificulta evaluar con precisión los resultados de las pruebas piloto, las condiciones reales de implementación y el impacto de las experiencias formativas. En este sentido, la falta de datos cualitativos y cuantitativos accesibles impide compartir y aprender de las experiencias implementadas y reproduce problemas históricos de transparencia en la administración de justicia (Böhmer y Leiras, 2026). El mismo obstáculo se observa al relevar la oferta de formación judicial, donde la información continúa siendo fragmentaria, insuficiente o de difícil acceso público para dimensionar el estado actual de la capacitación o entrenamiento en IA.

En segundo lugar, se advierte un proceso de exploración institucional que, aunque aún fragmentario, introduce progresivamente la inteligencia artificial en la capacitación judicial, combinando instancias de sensibilización, regulación y experimentación práctica.

Resulta pertinente poner este diagnóstico en diálogo con algunas de las conclusiones del documento sobre "Resultados Preliminares del Programa Piloto de Uso Estratégico y Responsable de la IA Generativa en la Justicia Argentina" (2025). Allí se señalaba, en relación con las percepciones acerca del uso de la IA:

En ese mismo informe se advierte que, en escenarios de acceso bajo el modelo by user (es decir, gestionado directamente por el usuario final, como ocurre con, por ejemplo, sistemas conversacionales de IA generativa basados en modelos de lenguaje de gran escala, como ChatGPT), "la regulación debe priorizar la capacitación intensiva, la sensibilización sobre riesgos (sesgos, alucinaciones o dependencia excesiva) y el fomento de un uso responsable". La tensión entre una capacitación "intensiva" y una "no extensa" refleja, en parte, las incertidumbres que aún persisten respecto de cómo debe organizarse la formación en IA en el sistema de justicia.

Si realizamos un breve repaso a modo de escala de institucionalización y formalización de los formatos de capacitación podríamos señalar que coexisten tres grandes tipos: a) una integración curricular débil con acciones de sensibilización sobre temáticas puntuales –como los casos de la Escuela Judicial PJN, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal de la Nación–; b) una formación introductoria asociada a protocolos o guías vinculadas con el uso operativo de la IA –como los casos de Jujuy, Santa Fe, Chubut, Mendoza, San Juan–; y c) una capacitación obligatoria integrada a gobernanza institucional de la IA –como el caso de CABA.

El análisis de contenidos de las actividades muestra que gran parte de las capacitaciones se concentran en aspectos generales o introductorios. Si bien la alfabetización digital básica o vinculada con el uso instrumental es imprescindible, resulta igualmente necesario avanzar hacia competencias más analíticas y profesionales, tales como aplicación de lineamientos éticos en casos concretos y sesgos, toma de decisiones en casos reales o hipotéticos con impacto en derechos, protección de datos personales, validación crítica de los productos generados por estas herramientas y responsabilidades institucionales. Una formación integral debe permitir que quienes lleven adelante la tarea de juzgar y administrar justicia contrasten las soluciones propuestas por la IA con su propio conocimiento y experiencia, evaluando dimensiones éticas, contextuales y jurídicas.

Llegados a este punto conviene también advertir que, a menudo, las capacitaciones están orientadas respecto de un escenario de la IAGen conversacional. Sin embargo, dado los avances en los desarrollos y tecnologías que evolucionan tan vertiginosamente en este campo, puede resultar de importancia atender a que muchas de las herramientas comerciales –pero también los propios desarrollos locales– comienzan a tener capacidades "agénticas" tales que pueden realizar múltiples funciones en paralelo, procesar un enorme volumen de datos y operar con amplios grados crecientes de autonomía, todo lo cual puede incluso llevar a replantar las directrices vigentes (Sánchez Caparrós, 2026) y los modelos de formación a ellos asociados.

Por otra parte, es clave comprender que una política de formación en IA en la justicia debe ser necesariamente de alcance general e inclusiva: el Poder Judicial está compuesto por trayectorias profesionales, identidades laborales y condiciones institucionales muy diversas. No llegan a estos procesos formativos únicamente jueces/zas o expertos/as. Llegan también funcionarios/as y empleados/as con experiencias diversas y heterogéneas, que deben ser reconocidas e incorporadas como insumos de la capacitación, siendo posible prever distintos tipos de formación o entrenamiento en función de las responsabilidades, tareas o funciones a cargo. Se debe en suma involucrar a todos los perfiles que integran la organización judicial, evitando que la brecha digital y el reskilling continuo se conviertan en una nueva forma de exclusión profesional y ensanche la desigualdad estructural (Colossuslab, 2026). El aprendizaje IA no constituye ya una ventaja competitiva individual, sino una necesidad vinculada a la calidad del servicio judicial¹⁴.

Si el desafío importa entonces formar personas, preparar organizaciones y construir capacidades institucionales permanentes, corresponde subrayar el rol de las escuelas judiciales como garantes de estos espacios de formación, incorporando los conocimientos y competencias vinculados a la temática a su oferta regular, tanto en instancias iniciales como en la formación continua, investigar cómo se usan efectivamente estas herramientas, documentar buenas prácticas y riesgos, y proponer incluso los cambios en las políticas institucionales que puedan ser necesarios para acompañar estos cambios y adaptaciones.

Por último, deben considerarse otros factores estructurales que condicionan el desarrollo de la formación judicial en IA. La brecha tecnológica entre jurisdicciones, derivada de niveles dispares de digitalización –algo no menor en cuanto se vincula con el requerimiento de datos confiables, trazables e interoperables– y de infraestructura, limita las posibilidades de uso y aprovechamiento de estas herramientas (Vázquez, 2025). A ello se suman las restricciones presupuestarias, que compiten con otras prioridades del sistema judicial, y la resistencia cultural de algunos operadores que perciben estas tecnologías con desconfianza.

Atender a este diagnóstico y superar los obstáculos identificados exige el diseño de políticas públicas claras, transparentes, medibles y evaluables. Esto implica no solo contar con los recursos tecnológicos adecuados, sino también con un cuerpo de docentes e investigadores especializado, capaz de diseñar e implementar las estrategias de enseñanza que promuevan una adquisición de saberes y del "saber hacer" digitales críticos, de modo de reducir las desigualdades y resistencias en la formación y hacer frente a las demandas sociales y de innovación tecnológica de este tiempo.

En definitiva, la incorporación de la inteligencia artificial en la formación judicial no solo plantea un desafío tecnológico, sino también epistémico y pedagógico: obliga a revisar las formas en que el conocimiento se produce, se enseña y se aplica dentro de las instituciones judiciales, y a repensar el papel que éstas desempeñan en el desarrollo de las competencias y prácticas que configuran el desempeño profesional en la Justicia.